El rol del sector privado

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Internet depende en gran medida de entidades privadas que ofrecen diferentes servicios: facilitan la conexión; diseñan y mantienen el hardware y los sistemas operativos que permiten el procesamiento de información; asignan los dominios web; alojan información; facilitan la agregación, repartición y búsqueda de información; producen y regulan el acceso al contenido creado por los usuarios; conectan usuarios y comunidades; venden bienes y servicios y facilitan transacciones, y recolectan y venden datos, entre otros. Las entidades privadas han pasado a ejercer una rol sin precedentes como mediadores del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. En suma, internet es un ámbito público basado en una serie de plataformas privadas.1

Puntos clave

  • El rol del sector privado

    • Las entidades privadas han pasado a ejercer una rol sin precedentes como mediadores del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Internet es un ámbito público basado en una serie de plataformas privadas.

    • El sector privado también es responsable del respeto de los derechos humanos en Internet. En esa medida, las empresas deben abstenerse de afectar los derechos humanos de terceros y reparar las violaciones en las que tengan una participación directa o indirecta.

    • Los actores privados deben asumir compromisos formales y de alto nivel para prevenir actividades que causen impactos negativos en el entorno digital. Las empresas no deben limitar o restringir la libertad de expresión de forma desproporcionada o innecesaria.

    • Los Estados no deben requerir ni presionar a las entidades privadas para que violen o interfieran desproporcionada o innecesariamente en los derechos humanos. Deben igualmente fomentar el desarrollo del sector privado y de medidas técnicas que protejan la libertad de expresión.

Si bien los Estados son los principales titulares de las obligaciones en materia de derechos humanos, las empresas y organizaciones privadas también son responsables del respeto de los derechos y libertades fundamentales. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en 2011 los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos donde se establece que las empresas deben abstenerse de afectar los derechos humanos de terceros y reparar las violaciones en las que tengan una participación directa o indirecta.

Los actores privados deben asumir un compromiso formal y de alto nivel con medidas y sistemas internos concretos, diseñados para prevenir actividades que pueden generar impactos negativos. En particular, en el diseño y conformación de los términos de servicio y reglas comunitarias, las empresas no deben limitar o restringir la libertad de expresión de manera desproporcionada o innecesaria. Igualmente, deben establecer sistemas asequibles y eficaces de denuncia y mecanismos de vigilancia y evaluación de impacto para identificar los daños reales o potenciales a los derechos humanos causados ​​por sus servicios o actividades.

Los Estados, en tanto responsables últimos de proteger y respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión, no deben requerir ni presionar a las entidades privadas para que violen los derechos humanos o interfieran de forma desproporcionada e innecesaria en la libertad de expresión. Al contrario, están llamados a fomentar el desarrollo del sector privado y de medidas técnicas, productos y servicios que protejan la libertad de expresión.