Los principios que rigen una internet libre, abierta e incluyente

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La relevancia de internet para el goce y ejercicio de derechos humanos depende directamente de la arquitectura de la red y de los principios que la rigen: apertura, descentralización y neutralidad. Estas características especiales deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer cualquier medida que pueda impactar la internet.

La labor del Estado, el desarrollo de políticas públicas y la actuación de los particulares en el entorno digital, deben adecuarse entonces a los siguientes principios orientadores: la protección de una internet libre y abierta; el acceso universal y plural; la igualdad y no discriminación; la protección de la privacidad y la gobernanza multisectorial.


Puntos clave

  • El potencial de internet

    • Los principios del derecho a la libertad de expresión aplican de la misma forma en internet que en el mundo análogo. Esto implica que cualquier restricción al ejercicio de este derecho en internet debe seguir los estándares establecidos en el derecho internacional a la luz del test tripartito: la medida debe ser legal en sentido formal y material, necesaria y proporcionada.

  • Aplicación de la libertad de expresión en internet

    • La Libertad de expresión en internet aplica de la misma forma que en el mundo análogo.

  • La neutralidad de la red

    • La neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en internet. Gracias este principio es posible compartir información, generar contenido, innovar y desarrollar aplicaciones y servicios de manera descentralizada, sin mediar autorizaciones previas, licencias o permisos.

    • El tratamiento de datos y tráfico en internet no debe ser objeto de discriminación según la fuente y el contenido. La neutralidad de la red garantiza la libertad de acceso y elección de los usuarios.

    • Varios países de la región ya han adoptado leyes que consagran el principio de neutralidad de la red, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile y México.

    • El principio de neutralidad de la red puede estar sujeto a excepciones. No debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de internet a menos que sea necesario y proporcional para garantizar la integridad y seguridad de la red.

    • Los programas que suponen privilegiar el acceso a determinadas plataformas o aplicaciones deben evaluarse deperspectiva de la neutralidad de la red. Es el caso, por ejemplo, de los programas de cero rating, donde el uso de una aplicación no consume el paquete de datos de un usuario.

    • Los Estados que permitan la oferta de planes de cero rating deberán monitorear su funcionalidad e impacto en el uso abierto de internet, y evaluar periódicamente su compatibilidad con los derechos humanos.

  • Acceso universal y pluralismo

    • El acceso a Internet es esencial para el ejercicio de los derechos humanos, y debe garantizarse universalmente a través de medidas que cierren la brecha digital y de políticas de desarrollo de infraestructura.

    • Un tercio de la población de las Américas se encuentra sin conexión a internet. Esto incrementa la vulnerabilidad, profundiza la desigualdad y perpetúa la exclusión de muchas personas

    • El Estado debe procurar que los actores privados no impongan barreras arbitrarias o desproporcionadas al acceso. La interrupción del acceso a internet a poblaciones enteras nunca está justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional

    • El pluralismo y diversidad son esenciales para la libertad de expresión en internet. Esto implica asegurar que no se introduzcan en la red cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos.

    • Los Estados deben adoptar planes de infraestructura para evitar la exclusión arbitraria de determinados sectores, y adelantar planes de banda ancha que permitan el desarrollo del internet móvil.

  • Alfabetización digital

    • La alfabetización digital se refiere al conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita una persona para desenvolverse funcionalmente dentro de la sociedad de la información.

    • Las diferencias de capacidades para usar las tecnologías de la información constituyen una brecha digital. La alfabetización es esencial para garantizar los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

    • Los Estados deben adoptar un doble enfoque en la alfabetización digital: 1. Responder a características y necesidades de quienes buscan y reciben información; 2. Atender a los que ofrecen, producen o disponen de información.

  • Pluralidad lingüística

    • La pluralidad lingüística en internet es una condición necesaria para el acceso en condiciones de igualdad y sin discriminación, y está intrínsecamente vinculado con la creación de contenidos locales.

    • Se debe priorizar la creación, difusión, preservación y accesibilidad de contenido en varios idiomas y formatos, en especial científicos, educativos y culturales. La traducción de sitios web en varios idiomas es un paso adelante. La pluralidad lingüística es una condición necesaria para la universalidad de internet.

  • Igualdad y no discriminación

    • Para garantizar un uso de internet en condiciones de igualdad, debe haber medidas de diferenciación positiva a personas o comunidades que lo requieran por estar en circunstancias de marginación, vulnerabilidad o discriminación.

    • Se debe garantizar la plena participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento. Debe haber medidas para reducir la brecha de género.

    • Los Estados deben adoptar medidas que les garanticen a las personas con discapacidad el acceso en igualdad de condiciones a la información y las comunicaciones.

    • Obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos online y offline.

    • Los Estados deben adoptar medidas para promover la igualdad y la no discriminación, prohibiendo el discurso de odio que incite a la violencia, documentando las instancias de discriminación y promoviendo la tolerancia en Internet.

  • Privacidad
    • La privacidad debe ser también un principio orientador del entorno digital. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia.

    • La vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio del derecho a comunicarse. Este derecho debe ser protegido por la ley y estrictamente promovido mediante políticas públicas.
A continuación se desarrollan los aspectos esenciales de los principios rectores propuestos.

A. Internet libre y abierto: la neutralidad de la red

El principio de neutralidad de la red es una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en internet. También posibilita la innovación y generación de contenidos, aplicaciones y servicios de manera descentralizada, sin mediar autorizaciones, licencias o permisos. Según este principio –que permite maximizar la utilidad de las redes– todos los paquetes de datos deben ser tratados de forma igualitaria y sin distinción alguna.

De ahí que internet se describa como una red ‘boba’ cuya especialización (‘inteligencia’) se genera en los extremos. La plataforma o aplicación opera en un extremo de la red, y sus contenidos se trasladan por la red divididos en paquetes de datos sin ser discriminados. Tales paquetes se rearman nuevamente en el destino en función del destinatario, la plataforma o aplicación que utilizan.

El tratamiento de datos y tráfico en internet no debe ser objeto de discriminación según la fuente y el contenido. La neutralidad de la red garantiza la libertad de acceso y elección de los usuarios. Permite que éstos puedan enviar y recibir información u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de internet sin condicionamientos ni discriminación, bloqueo, filtración o interferencia.

Los Estados deben garantizar la vigencia de este principio a través de legislaciones adecuadas. Varios países de la región ya han adoptado leyes que consagran el principio de neutralidad de la red, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile y México. Por su parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay refrendó el principio de neutralidad de la red, y la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés) también hizo lo propio.

El principio de neutralidad de red puede estar sujeto a excepciones. No debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de internet, a menos que sea necesario y proporcional para garantizar la integridad y seguridad de la red, o para prevenir la transmisiones de contenidos no deseados expresamente por el usuario. Aún en el caso de congestiones o problemas técnicos, las medidas no deben discriminar aplicaciones o servicios.

La transparencia en la gestión de la red resulta fundamental para garantizar el principio de neutralidad de la red. Los Estados deben exigirles a los intermediarios de internet que sean transparentes frente a las prácticas que emplean en la gestión del tráfico de datos. Esta información debe estar a disposición de los usuarios en un formato asequible.

Desde 2015 surgió un debate relacionado con la neutralidad de la red, y es la oferta de planes internet de ‘tarifa cero’ –conocidos como zero rating–. Mediante estos planes, diseñados principalmente para el servicio de internet móvil, las compañías ofrecen el acceso a determinadas aplicaciones sin que constituya un gasto en el plan de datos del usuario. Existen planes de zero rating en distintos países de la región como Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay.

Aunque la doctrina está divida frente al impacto de los planes de zero rating en la neutralidad de la red, cabe hacer dos consideraciones: por una parte, las políticas de zero rating deberán evaluarse a la luz de la regulación de cada Estado y, en particular, de la neutralidad de la red. Los Estados que permitan la oferta de planes de zero rating deberán monitorear su funcionalidad y evaluar periódicamente su compatibilidad con los derechos humanos.

Por otra parte, en ningún caso los Estados podrán reemplazar sus políticas de acceso universal a internet por políticas o planes de zero rating. La simple sustitución de las políticas de acceso por ese tipo de programas es incompatible con los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y con la obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos en internet.

B. Acceso universal y pluralismo

El acceso a internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos hoy en día, especialmente de los derechos a la libertad de expresión y opinión, asociación y reunión, educación, salud y cultura. El acceso a internet debe garantizarse universalmente a través de medidas que cierren la brecha digital y políticas de desarrollo de infraestructura.

A pesar de los compromisos y esfuerzos de los Estados en la región, actualmente en las Américas un tercio de la población se encuentra sin conexión a internet. Esta falta de acceso incrementa la vulnerabilidad y profundiza la desigualdad, con lo cual se perpetúa la exclusión de muchas personas. Si además de lo anterior, la transición digital de los servicios de radiodifusión se realiza sin asegurar el acceso a este tipo de servicios, las comunidades pobres, aisladas y remotas pueden verse doblemente perjudicadas.

La Relatoría estima que ampliar el acceso y cerrar la brecha digital va de la mano con la necesidad de que el Estado procure que los actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias para acceder a internet o usar sus servicios principales. La interrupción del acceso a internet a poblaciones –enteras o segmentos de éstas– nunca está justificada, ni siquiera por razones de seguridad nacional. Los bloqueos temporales o parciales afectan el ejercicio de los derechos humanos en línea.

El pluralismo y la diversidad son condiciones esenciales del proceso de deliberación pública y del ejercicio de la libertad de expresión, y deben ser preservados en el entorno digital. Esto implica asegurar que no se introduzcan en la red cambios que tengan como consecuencia la reducción de voces y contenidos.

Los Estados deben desarrollar planes y políticas públicas a largo plazo con el fin de desarrollar la infraestructura física necesaria para evitar la exclusión arbitraria de determinados sectores, y elaborar planes de banda ancha y medidas que permitan el desarrollo del internet móvil.

C. Alfabetización digital

La alfabetización digital se refiere al conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita una persona para desenvolverse funcionalmente dentro de la sociedad de la información. El objetivo último es que puedan “utilizar la tecnología de manera efectiva, desarrollando nuevas oportunidades sociales y económicas en el marco de su sociedad”.

Las diferencias en las capacidades para usar las tecnologías de la información constituyen una brecha en el conocimiento. La alfabetización digital es un proceso de fundamental importancia en la garantía de los derechos humanos, y una medida particularmente necesaria para proteger y garantizar los derechos a la igualdad y no discriminación.

Los Estados deben entonces promover y asegurar la participación de todos los sectores de la sociedad en el diseño e implementación de políticas eficaces y concretas sobre alfabetización digital. En particular, los Estados deben adoptar un doble enfoque. Primero, responder a las características y necesidades de quienes buscan y reciben información, bienes y servicios. Segundo, atender a quienes ofrecen, producen, administran o disponen de esa información, bienes o servicios.

D. Pluralidad lingüística

La pluralidad lingüística es una condición necesaria para lograr un acceso pleno a internet en condiciones de igualdad y sin discriminación. El plurilingüismo, además, esta intrínsecamente vinculado con la creación de contenidos locales, lo cual es necesario para la universalidad de internet. Como señaló la Corte Interamericana, el derecho a la libertad de expresión implica que las personas elijan el idioma en el que quieren expresarse.

Para Relatora Especial sobre derechos culturales de Naciones Unidas, “la distribución sumamente desigual de las obras literarias publicadas en diferentes idiomas supone una barrera importante para el derecho a participar en la vida cultural de las comunidades lingüísticas sin un mercado editorial importante”.

Si bien existen servicios de traducción en línea que han sido perfeccionados en los últimos años, no constituyen soluciones efectivas a este problema.

En el desarrollo de la sociedad del conocimiento, debe priorizarse la creación, difusión, preservación y accesibilidad de contenido en varios idiomas y formatos sobre todos los temas –en especial científicos, educativos y culturales–. La traducción de sitios web en varios idiomas es un paso adelante para garantizar una sociedad verdaderamente global.

E. Igualdad y no discriminación

Además de las consideraciones en materia de acceso universal, los Estados también deben adoptar medidas de diferenciación positiva para permitir el goce efectivo de este derecho a personas o comunidades que así lo requieran por sus circunstancias de marginación, vulnerabilidad o discriminación. Esto incluye, entre otros, acceso a centros tecnológicos para algunas comunidades, estructuras de precios inclusivas y esfuerzos de capacitación en sectores pobres rurales y entre la población mayor.

Los Estados deben promover y garantizar, por ejemplo, la plena participación de las mujeres en la sociedad del conocimiento, incluyendo los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deben tomar medidas proactivas para combatir la brecha de género en internet y en todos los aspectos que hacen a su gobernanza.

De la misma manera, tal y como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los Estados deben adoptar medidas que les garanticen a las personas con discapacidad el acceso en igualdad de condiciones a la información y las comunicaciones. Esto abarca, por supuesto, el acceso y disfrute de internet y de los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El acceso a internet es particularmente importante para las personas en situación de vulnerabilidad. Sin acceso a internet, las personas en situación de pobreza extrema corren el riesgo de quedar marginadas. Internet debe ser un medio para que estos grupos desfavorecidos difundan sus opiniones y sus problemas, a fin de no quedar excluidas de los debates públicos y poder gozar plenamente de sus derechos humanos.

La obligación de igualdad y no discriminación también implica la obligación del Estado de garantizar a las personas el ejercicio de los derechos humanos tanto en el contexto ‘online’ como en el ‘offline’. En el entorno digital, de la misma forma como en el entorno físico, las personas tienen derecho a ejercer sus derechos de reunión, asociación, libertad de expresión, acceso a la información, libertad de religión, entre otros, sin discriminación.

Lamentablemente se han documentado instancias de discriminación en línea en detrimento de grupos particularmente vulnerables, incluyendo mujeres, niños, la comunidad LGBTI, migrantes y personas con discapacidad, entre otros. Los Estados deben adoptar medidas para promover la igualdad y la no discriminación, prohibiendo el discurso de odio que incite a la violencia, documentando las instancias de discriminación y promoviendo la tolerancia a través de programas sociales de capacitación y educación.

F. Privacidad

La Relatoría Especial ha subrayado que el respecto a la privacidad debe ser también un principio orientador del entorno digital. El derecho a la privacidad, según el cual nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, es un presupuesto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea. La vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno ejercicio del derecho a comunicarse. Por lo tanto, este derecho debe ser protegido por la ley y estrictamente promovido mediante políticas públicas.

Por tratarse de un asunto transversal, el último capítulo de este documento desarrolla en detalle la protección de la privacidad en internet.

E. Gobernanza multisectorial

Si bien internet ha sido desarrollado y operado por una serie de empresas privadas que desempeñan diferentes funciones, su carácter de medio de comunicación global lo hace un espacio público. Por lo tanto, la gobernanza de internet debe ser ejercida bajo los principios de un recurso público y no simplemente como un asunto de contratos privados. 

La gobernanza de internet se define como “el desarrollo y aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en el desempeño de sus respectivos papeles, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y a la utilización de internet”.

Debe ser transparente, multisectorial y democrática, y la participación de los Estados debe ser equilibrada.

La cooperación de los múltiples interesados implica la verdadera participación de gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, comunidad técnica y comunidad académica. Este proceso debe darse también a nivel local, y contar con mecanismo de transparencia y medición de impacto.