Derecho de Acceso a la Información Pública en en internet

Comparte:



El acceso abierto es una forma de diseminar el conocimiento para obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad mediante la publicación en internet en forma pública y gratuita de literatura académica y científica, desprovista de barreras técnicas, económicas y legales, y con la posibilidad de usarla, copiarla y compartirla. Las contribuciones de acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, representaciones digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales eruditos en multimedia.

Puntos clave

  • Propiedad intelectual y el acceso al conocimiento

    • La propiedad intelectual tiene el doble propósito de promocionar la creatividad individual y enriquecer del patrimonio cultural. Debe haber un equilibrio entre el reconocimiento y recompensa a esa creatividad y la posibilidad de que el público puede acceder a ella.

    • Aunque la protección de los derechos de autor tiene un fin legítimo que puede llevar a limitar el derecho a la educación, cultura y libertad de expresión, ésta no puede implementarse de una forma que inhiba la creatividad.

    • Recientemente se han promovido medidas para lograr un balance entre derechos de autor y derecho a la educación, cultura y libertad de expresión, como la promoción de licencias abiertas, la adopción de usos y excepciones (por ejemplo, la doctrina del ‘uso justo’) y los usos no remunerados.

    • Los Estados deben prestar particular atención a la adecuación de las medidas requeridas por los tratados internacionales con las necesidades locales y con la protección de los derechos de los usuarios de internet.

  • Iniciativas de Acceso Abierto

    • Importancia del acceso abierto para tener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad a través de la publicación gratuita de literatura.

    • Es importante que los Estados difundan y promuevan la captación y adopción de licencias de acceso abierto.

  • Protección del dominio público

    • El dominio público es la suma de información y bienes culturales que pueden usarse sin restricción alguna, más allá de cualquier protección de propiedad intelectual. Este domino hace parte del patrimonio cultural de la humanidad.

    • Un dominio público rico es esencial para la sociedad de la información. Los Estados deben fortalecer, proteger y promover instituciones públicas y la preservación de documentos y archivos públicos.

    • La protección del dominio público es esencial para la preservación, promoción, creación y divulgación de información científica y técnica. El plazo de protección de la propiedad intelectual no debería prolongarse más de lo necesario.

    • El patrimonio digital es parte del acervo público y debe ser protegido. Los Estados deben desarrollar mecanismos y políticas de preservación y puesta a disposición.

  • Restricciones y limitaciones en relación con la protección de derechos de autor

    • Las restricciones a la libertad de expresión en virtud de los derechos de autor deben cumplir con el test tripartito y brindar garantías de debido proceso y control judicial.

    • Desconectar usuarios como sanción por violar los derechos de autor y el loqueo obligatorio de sitios enteros son medidas desproporcionales y radicales incompatibles con el DIDH. Además de esto, esas medidas son ineficaces. Se debe optar y promover enfoques alternativos.

    • La responsabilidad penal por infracciones no comerciales a la propiedad intelectual es desproporcionada. Esto inhibe la libre circulación de ideas. Las penas no deben ser más rigurosas que en el mundo offline.

La libertad de pensamiento y expresión, definida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo y sin ningún tipo de fronteras. Este derecho comprende la expresión artística, escrita, oral, impresa o por cualquier otro medio de comunicación. Las reglas para imponer limitaciones a este derecho se encuentran en los incisos 2 al 5 de dicho artículo. Dentro de dichas reglas se destaca que no podrá existir censura previa, si no la imposición de responsabilidad con posterioridad a que se realice la expresión.

Como principio general, “la libertad de expresión se aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.1 Esto implica que cualquier restricción al ejercicio de este derecho en internet debe seguir los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, como se analiza más adelante en este capítulo. En particular, la Relatoría Especial ha enfatizado que, al momento de establecer medidas que puedan impactar a Internet, se deben tener en cuenta las características que hacen de ese medio un espacio único para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. 2

Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Internet es un instrumento único para el despliegue de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión. La creciente expansión de este medio en el mundo y en las Américas ha traído, además de mejores oportunidades para el ejercicio de esos derechos, beneficios sociales e inclusión. El debido desarrollo de estos beneficios depende de políticas y prácticas que se fundamenten en el respeto y garantía de los derechos humanos. Dentro de estos últimos, la libertad de expresión juega un rol especial, pues habilita el ejercicio de otros derechos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el sistema internacional que ha brindado un mayor alcance a la libertad de pensamiento y expresión. Esto ha sido posible bajo un marco jurídico que busca reducir las restricciones a la libre circulación de informaciones, opiniones e ideas. De acuerdo a los instrumentos interamericanos, la libertad de expresión es la “piedra angular” de las sociedades democráticas, además de ser fundamental para el avance de los objetivos del desarrollo y una herramienta para el ejercicio de otros derechos humanos.

La CIDH ha destacado tres funciones principales que cumple la libertad de expresión en los sistemas democráticos: 1. Es un derecho individual que refleja la virtud de pensar el mundo de una forma propia y comunicarse entre sí; 2. Como medio para deliberar de forma abierta y desinhibida sobre temas que sean de interés público; 3. Como instrumento para el ejercicio de otro derechos, como la participación política, la libertad religiosa, la cultura, la educación, la igualdad, entre otros. Complementariamente, tanto la CIDH como la Corte Interamericana han reconocido que la libertad de expresión cuenta con una dimensión individual y una social, interrelacionadas entre sí. La garantía de ambas dimensiones debe ser plena y simultánea.

El Sistema Interamericano también otorga una protección amplia al tono de las expresiones. En este entendido, las expresiones inofensivas o indiferentes son protegidas al igual que aquellas que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. Adicionalmente, la emisión de discursos erróneos, equivocados y falsos, sin perjuicio de las responsabilidades que se impongan con posterioridad, son protegidos por la libertad de expresión en el Sistema Interamericano. Complementariamente, los Estados deben mantener una posición neutral frente a los contenidos de las expresiones, de forma que no existan exclusiones de personas, grupos, ideas o medios de expresión.

La jurisprudencia ha reconocido la existencia de tres tipos de expresiones que, dado su valor dentro del sistema democrático, deben tener una mayor protección: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa3.

Con relación a las limitaciones permisibles a la libertad de expresión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha desarrollado un “test tripartito” fundamentado en el artículo 13 de la Convención Americana. Este test exige 1) Que la limitación a imponerse esté definida de forma clara y precisa en una ley formal y material que esté orientada a lograr objetivos imperiosos que estén autorizados por la Convención; 2) que la limitación cumpla con unos requisitos de necesidad e idoneidad para lograr esos objetivos y; 3) que la limitación sea estrictamente proporcional a la finalidad que se persigue. Por último, las responsabilidades que se establezcan con posterioridad a las expresiones siempre deben ser ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional independiente e imparcial, junto con las garantías del debido proceso.

Como efecto de lo anterior, la Relatoría ha enfatizado que el desarrollo de políticas públicas y las actuaciones de los particulares deben adecuarse a los principios de acceso a Internet en igualdad de condiciones, la promoción del pluralismo, la no discriminación y la privacidad, así como la neutralidad de la red y la gobernanza multisectorial como componentes transversales de estos principios.

E. Iniciativas de Acceso Abierto

La Relatora sobre derechos culturales de Naciones Unidas destacó la importancia y el potencial de las licencias abiertas sobre todo en la construcción y difusión del conocimiento científico y académico. Es importante que los Estados difundan y promuevan la capacitación y la adopción de licencias de acceso abierto, particularmente entre las comunidades académicas y científicas así como entre quienes mantienen el patrimonio cultural.

D. Propiedad intelectual y el acceso al conocimiento

El propósito de la propiedad intelectual es “la promoción de la creatividad literaria, musical y artística, el enriquecimiento del patrimonio cultural y la difusión de los bienes del conocimiento y de la información al público general”. No obstante, debe haber un equilibrio entre el reconocimiento y la recompensa a la creatividad humana y la posibilidad de que el público acceda a esas creaciones.

La protección de los derechos de autor tiene un fin legítimo que podría llevar a la imposición de limitaciones a los derechos humanos a la educación, la cultura y la libertad de expresión. Sin embargo, la protección de estos derechos no podría implementarse de una forma en la que desaliente la creatividad o el libre intercambio de información e ideas en internet.

En años recientes se han promovido distintas iniciativas tendientes a promover licencias abiertas y la adopción de excepciones en los regímenes de derechos de autor existentes. La Relatora Especial sobre derecho a la cultura de Naciones Unidas recomendó la adopción de excepciones –como el fair use– vinculada a la información y el debate político; y usos no remunerados de material afectado por derecho de autor para escuelas y bibliotecas, con el fin de promover un mejor balance entre los derechos culturales y los derechos de propiedad intelectual.

Los Estados deben prestar particular atención a la adecuación de las medidas requeridas por los tratados internacionales con las necesidades locales y con la protección de los derechos de los usuarios de internet. La especial naturaleza de estos acuerdos y su proceso de negociación, generalmente secreta, en muchos casos carece del control, transparencia y participación social, necesarios para legislar legítimamente en materia de excepciones a la libertad de expresión y al derecho a la cultura.

F. Protección del dominio público

El dominio público es “la suma neta de la totalidad de información y de bienes culturales que no es objeto de los derechos de propiedad intelectual y que el público general puede aprovechar e intercambiar sin restricción alguna. Forma parte del patrimonio cultural de toda la humanidad que se debe preservar”.

Un dominio público rico es un factor esencial para el crecimiento de la Sociedad de la Información, en tanto fomenta y promueve la diversificación del público instruido, generando con ello nuevos empleos, innovación, oportunidades comerciales y el avance de las ciencias. La información del dominio público debe ser fácilmente accesible y debe estar protegida de toda apropiación indebida. Los Estados deben fortalecer, proteger y promover las instituciones públicas –tales como museos y bibliotecas– y la preservación de documentos y archivos públicos.

Siendo tan importante el aporte de materiales existentes para el desarrollo de nuevas obras, el plazo de protección del derecho a la propiedad intelectual no debería prolongarse más que el tiempo necesario para lograr su propósito sin perjudicar la libertad de expresión.

El patrimonio digital también hace parte del acervo público y ha de ser protegido y conservado para las generaciones futuras. Los Estados deben desarrollar mecanismos y políticas para preservarlo, y poner a disposición de cualquier persona el patrimonio digital de todas las regiones, naciones y comunidades con fin de propiciar, con el tiempo, una representación de todos los pueblos, naciones, culturas e idiomas.

G. Restricciones y limitaciones al derecho a la libertad de expresión y acceso al conocimiento en relación con la protección de derechos de autor

Las restricciones al derecho a la libertad de expresión y acceso al conocimiento en internet en virtud de la protección de derechos de autor deben cumplir con los requisitos establecidos en la Convención Americana, ya mencionados en este informe.

La desconexión de usuarios como sanción por violaciones al derecho de autor constituye una medida desproporcionada y radical incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, incluso cuando se trata de mecanismos graduados (como el sistema que prevé la desconexión de internet luego de tres infracciones o strikes). El bloqueo obligatorio de sitios enteros también constituye una medida desproporcionada e incompatible con la protección de los derechos humanos en línea, tal y como señaló este informe anteriormente.

Además de las pruebas de proporcionalidad y el impacto que tales bloqueos pueden tener sobre la libertad de expresión, es importante destacar la ineficacia de este tipo de medidas. Es necesario optar y promover la adopción de enfoques alternativos.

Por otra parte, la responsabilidad penal por infracciones no comerciales al derecho de propiedad intelectual constituye una interferencia desproporcionada de la libertad de expresión. Este tipo de medidas inhiben la libre circulación de información e ideas. Además, en ningún caso estos delitos deben contemplar penas más rigurosas que aquellos perpetrados en el contexto ‘offline’.